En la votación respectiva, el acuerdo legislativo obtuvo la aprobación mayoritaria de los integrantes de la LXII Legislatura, incluyendo el visto bueno del diputado panista Leonardo Montañez Castro; con el voto en contra de los legisladores Martha Márquez Alvarado, Sylvia Violeta Garfias Cedillo y Mario Alberto Álvarez Michaus y las abstenciones de los diputados Ulises Ruiz Esparza de Alba y Adolfo Suárez Ramírez. Cabe hacer mención que faltó con el permiso correspondiente el representante popular Israel Sandoval Macías.
Pero antes de llegar a tal decisión el tema se debatió en la máxima tribuna y estas fueron las intervenciones:
En primer turno fue la diputada del PAN Martha Márquez Alvarado calificó la resolución del INE como “histórica”, todo esto debido a “la actitud dolosa con la que actuó el gobernador para favorecer a su partido político y emplear recursos públicos con el propósito de incidir en el electorado”, por ello consideró que el Congreso del Estado debe emitir una sanción acorde a la conducta que asumió el mandatario estatal, la cual insistió, “fue al margen de la ley electoral”.
Márquez Alvarado señaló que las sanciones que hoy se pretenden imponer son irrisorias, pues basta recordar que la repetición de la elección federal del distrito 01, costaron al erario público la cantidad de “46 millones de pesos”; actos ilegales que están más que comprobados.
Por su parte Salvador Dávila Montoya, diputado del partido Nueva Alianza aclaró que el jefe del Poder Ejecutivo de Aguascalientes no contrató publicidad para su informe de Gobierno, incluyendo con la estación radiofónica que transmitió el acto del gobernador. En todo caso, consideró que los encargados de la organización del V Informe no tomaron las medidas necesarias para cumplimentar con las restricciones ordenadas por INE.
Por lo anterior, el representante popular afirmó que la sanción al ingeniero Carlos Lozano no puede ir más allá de la amonestación, ya que el acto donde se dieron a conocer las acciones gubernamentales del pasado ejercicio anual fue a su parecer, el menos difundido de la historia.
En su oportunidad, el legislador panista Mario Álvarez Michaus afirmó que las amonestaciones aprobadas en la Comisión de Gobierno “pareciera que son regaños con sonrisa o llamadas de atención acompañadas de abrazos”, al señalar que los castigos cuando no son ejemplares ocasionarán reincidencias; enfatizó que no se puede atentar contra esta democracia, en la misma que participan priistas, panistas, perredistas y de otros partidos, refirió.
En el uso de la palabra, el diputado J. Jesús Rangel de Lira respaldó el dictamen a nombre del Partido del Trabajo, lo cual dijo, no tiene base en conceptos ni argumentos falaces. Enfatizó que los oficios no ordenan la realización de un juicio político, sino que hablan de dar vista para que se le dé trámite.
Explicó que solo el Congreso de la Unión puede ordenar un juicio político, cuando se trate de violaciones graves a la Constitución general y a las leyes federales que de ellas emanen, así como por un manejo indebido de recursos y fondos federales.
Asimismo, opinó que de haber intentado limitar el ejercicio periodístico, se hubiera cometido una falta más grave, por lo que resulta incongruente que se ordene coartar la libertad de expresión de un medio de comunicación. Preguntó si realmente la transmisión de un fragmento del informe que daba cuenta de acciones públicas y no de un partido político, incluyó en las simpatías electorales para el Distrito 01.
Mientras que el diputado del PRI Eduardo Rocha Álvarez lamentó la ligereza con la que analizan este asunto, pues a falta de información y de argumentos reales aprovechan el oportunismo político con el único propósito de lanzar declaraciones estridentes que les reditúen en la captación de reflectores; porque además pareciera que quienes señalan al mandatario estatal sus palabras se adelantan a los razonamientos, y es por ello que de una manera fácil “inventan cifras, fechas, esto sólo puede venir de una mente fantaseosa”.
El legislador invitó a aquellos personajes a dejar de lado el protagonismo y las declaraciones mediáticas, pues no es un asunto de partidos políticos ni de ideologías, pues esta falta que fue cometida por terceros y no por el titular del Ejecutivo Estatal, obedeció a una omisión en los preceptos de la libertad de expresión, no así por obtener réditos políticos, ratificó.
Rocha Álvarez aseveró que “no caeremos en provocaciones, pese a que los que acusan sin sustento, saben de la debilidad de sus argumentos y de que su solicitud de sanciones extremas no proceden”.
En calidad de integrante de la Comisión de Gobierno, dictaminadora del asunto, intervino el diputado Adolfo Suárez Ramírez, para manifestar que los temas no fueron analizados a profundidad ya que los expedientes eran extensos, y que solo se votó la propuesta de los legisladores del PRI.
El integrante del Grupo Parlamentario del PAN reveló que sobre la mesa se consideraron cuestiones como el juicio político o sanciones pecuniarias, y que él personalmente planteó que no se incluyeran los asuntos en el orden del día de la sesión plenaria de este jueves.
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