Aquellas personas que por las circunstancias se vean obligadas a defenderse de algún delincuente, ya sea porque la policía no llegue o por tratar de protegerse a sí mismo, sus bienes o a su familia está en riesgo de que el que termine en bote sea él, toda vez que las autoridades podrán juzgarlo por exceso en la legitima defensa.
Para ello, entre otras cosas consideran que la agresión de la que uno se defienda debe repelerse con un arma parecida o de menor impacto, es decir tendríamos primero que investigar el tipo de arma con el que se nos atacara.
Así lo explico el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, “aunque los ciudadanos tienen derecho a defender su propiedad, familia y sus bienes, ese derecho tiene ciertos límites, y de hecho el Código Penal lo señala como exceso en la legítima defensa, y es que las leyes refieren que para repeler a un delincuente hay que ser proporcional si el ladrón trae una resortera no se puede utilizar una pistola”.
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